A más de treinta años de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1979) por parte de España, se continúa sin conocer el paradero de miles de víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura de Francisco Franco.
Victoria Brocca
España. Hoy, el privilegio y derecho de contar con una tumba no se ha hecho extensivo a la totalidad de los españoles.
Aún cuando se cuenta con cifras bastante exhaustivas que señalan cómo los muertos del bando franquista fueron enterrados en su inmensa mayoría de manera digna en cementerios, o su memoria restaurada y honrada en homenajes oficiales, las víctimas de la guerra civil y posterior represión franquista asesinados y enterrados en las cunetas, en las tapias de los cementerios o en los bosques, carecen en su mayoría de un entierro digno. En muchos casos, como el de mi tío paterno, se convierten en el rostro que nos mira y envejece con nosotros en una fotografía legada para combatir el olvido, sin que nosotros, sus familiares, sepamos cómo murieron o dónde fueron enterrados.
A más de treinta años de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1979) por parte de España, se continúa sin conocer el paradero de miles de víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura de Francisco Franco.
Dicho convenio establece la obligación de emprender una investigación oficial efectiva e independiente en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia. Con más de 140 mil desaparecidos contabilizados por la reciente investigación realizada por la Audiencia Nacional a petición del juez Garzón –sin tomar en consideración a los niños perdidos ni a los desaparecidos en combate—España sólo es superada en este rubro por el régimen de Pol Pot en Camboya. En Andalucía existen más desaparecidos (se calculan 54 mil) que los sumados por los crímenes de desaparición forzada perpetrados en Chile, Argentina, Perú y Guatemala.
En todas sus vertientes (desaparición forzada seguida de ejecución extrajudicial, desaparición forzada infantil seguida de robo de identidad, o desaparecidos en combate) la desaparición forzada de personas practicada sistemáticamente desde el Estado, como lo fue en el caso español en la guerra civil y luego en la dictadura de Franco, constituye un crimen contra la humanidad violatorio de diversos derechos fundamentales de los desaparecidos, pero también de sus familiares.
Mucho ha sido el camino recorrido desde la muerte de Franco y la aparición de la Ley de Amnistía de 1977 hasta llegar a la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, pero en el presente aún continúa percibiéndose una especie de tendencia esquizoide en las instituciones del Estado que, por una parte, aprueban una ley cuyas disposiciones implican juicios sumarios al franquismo, ayuda a los represaliados, exhumación de fosas comunes y eliminación de símbolos franquistas, y que, por la otra, impide o retrasa que las mismas disposiciones legales se cumplan como resultado de kafkianos mecanismos burocráticos; o que, con una aplicación a modo, llevaron al juez Garzón –cuyas actuaciones como juez de la Audiencia Nacional en muchos casos resultaron controvertidas—a enfrentar un juicio por prevaricación, y que le apuestan al inmovilismo y a la inercia en esta materia, y al miedo o culpa que muchos españoles que vivieron directa o indirectamente a través de sus familiares los hechos de la guerra civil y después la represión del franquismo, para evitar que se cumplan las disposiciones que la propia ley establece.
Sin embargo, los sectores más conscientes de la sociedad española y las nuevas generaciones se han abocado a que se haga justicia, y combaten el olvido y la amnesia colectiva se ha traducido en la continuación de la impunidad para los responsables de haber ejecutado estos crímenes.
Así es como de manera progresiva fueron cobrando forma iniciativas de diversos grupos y asociaciones que, después de preguntarse sobre lo que se vivió en España, se negaron a aceptar un pacto de los vencedores sobre los vencidos como el que se dio durante la llamada transición.
Desafortunadamente durante este proceso, como en los años previos al mismo, muchos documentos que formaban parte de los archivos de la Guardia Civil y que contenían información valiosa sobre personas desaparecidas durante la guerra y la posguerra fueron destruidos.
Ese proceso político de la llamada transición se vio especialmente determinado por los dirigentes franquistas que querían conservar sus privilegios y no rendir cuentas a la sociedad española.
De este modo, la Ley de Amnistía -que fue una de las claves de este proceso, discutida y aprobada tras las elecciones de junio de 1977- representó esencialmente la construcción social de la impunidad de los responsables de las dictaduras.
En esas primeras elecciones democráticas celebradas tras la muerte de Franco, la sociedad española otorgó el gobierno a la Unión de Centro Democrático, manifestando así su miedo a que la llegada de un gobierno progresista pudiera incomodar a los sectores más reaccionarios.
Posteriormente, gracias al impulso de numerosas personas que decidieron no rendirse y buscar justicia, se fue abriendo brecha para luchar contra la desmemoria y un pacto en el que el olvido representaba una traición para los republicanos vencidos, exiliados y desaparecidos.
De esfuerzos que comenzaron a nivel individual, como el de Emilio Silva con la búsqueda del sitio donde había quedado su abuelo, y que luego fructificaron en la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AMRH) -que hoy preside-, las asociaciones se han multiplicado hasta constituir la Federación Estatal para la Recuperación de la Memoria, cuyo vicepresidente es Emilio Sales.
Estos foros se crearon para conocer la verdad y para que se haga justicia a las víctimas aunque, como reconoce el propio Sales (quien preside el foro por la Memoria en su área de Castilla la Mancha), la participación de la ciudadanía en estas tareas es todavía escasa.
A estas acciones se suma también, por ejemplo, la labor de la Confederación General del Trabajo de Andalucía y de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, la cual –en el proyecto Todos los Nombres- ha creado una base de datos sobre personas desaparecidas y fusiladas durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista para levantar un mapa de fosas, ese limbo provisional en el que continúan muchos de quienes defendieron un orden legítimo y enarbolaron la bandera del cambio para que España dejara de ser el cuerpo anquilosado, decadente y enfermo que muestra Valle Inclán en sus esperpentos.
Como señalan estas asociaciones, la justicia no es petición de gracia sino exigencia para garantizar el respeto a los derechos humanos versus la impunidad.
Desde la fosa exhumada en la localidad leonesa de Priaranza del Berzo en octubre de 2000, se calcula que se han abierto más de 200 fosas del bando republicano.
Entre los objetivos de las asociaciones fundadas para la recuperación de la memoria se encuentra determinar la filiación de verdugos y cómplices, y el origen de haciendas y privilegios actuales -suyos o de sus herederos- que se escudaron en los actos de fuerza producto de la usurpación de un régimen legítimo y el atropello de derechos fundamentales de las víctimas, para determinar si proceden en su totalidad o parcialmente de un enriquecimiento ilícito. También existe el objetivo de poner en evidencia la impunidad del franquismo y poner de relieve cómo la represión y el asesinato de miles de militantes sociales, sindicales y políticos, ha servido de base para mantener unos privilegios de clase, tanto en el franquismo como después de muerto el dictador.
Sin embargo, se requiere una labor más decidida que involucre mayores esfuerzos y logros en este ámbito. Desde los esfuerzos pioneros realizados por la ARMH en Priaranza del Berzo se han exhumado más de mil 500 cadáveres, los más recientes en noviembre de este año. Se calcula que en total sólo se han sacado 5 mil cuerpos, que no llegan ni al diez por ciento de los enterrados.
Poco a poco las acciones tendientes al reconocimiento de los derechos de las víctimas y de sus familias se han visto reflejadas en los ordenamientos legales.
El 31 de octubre de 2007 el Congreso de Diputados aprobó la Ley de la Memoria Histórica por la que se reconocen y se amplían los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura. En el texto de la ley el gobierno se compromete a ayudar a la localización, identificación y exhumación de las víctimas de la represión franquista, entre otras disposiciones.
Pero, según argumenta Francisco Espinosa Maestre, historiador coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón, sólo ocho comunidades autónomas han firmado convenios para facilitar datos sobre las fosas.
Asimismo, las asociaciones y familiares de las víctimas que continúan buscando restos de personas lo hacen prácticamente con medios propios. Además, el Estado sólo prevé una reparación simbólica para víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones hasta un máximo de 60 mil euros por organización, según la Ley.
El miedo fue y continúa siendo uno de los grandes elementos con los que ha jugado el poder político tras la muerte de Franco.
Así lo demuestra la mujer con la que coincidí hace unas semanas en un viaje de tren por la provincia de Salamanca, que espontáneamente me narró —cuando pasamos por uno de los montes de la región— cómo su abuelo fue asesinado y su cuerpo arrojado en uno de esos montículos como lo fueron tantos otros, y los años que tomó que fuera descubierto el sitio exacto tras las investigaciones realizadas por su hermano con vecinos de la zona, que culminaron con el hallazgo del sitio donde se les enterró. Ese cuerpo ahí continúa, como el resto de sus acompañantes, pues sus familiares no han puesto en marcha alguna iniciativa para sacarlos por temor a represalias. ¿De los vecinos o de las autoridades? Eso no lo dijo.
Ese mismo miedo la paralizó, cuando la llamé posteriormente desde México, para que me relatase con detalle aquel infortunado suceso en el que su abuelo fue asesinado.
—Lo que hay es lo que hay. Lo que me interesa ahora es resolver mi situación económica
—y agregó—. Sus hijos (del abuelo) son los que tendrían que haber visto esto. Ahora eso es agua pasada. Hay que luchar por otras cosas…por lo que tenemos ahora. Aquello lo solucionaron y no me meto en algo así. No sabemos quiénes eran los buenos y los malos.
Y volvió a insistir:
—Si tuviera la situación resuelta.
—¿Es por miedo que no quiere hablar?
La política me da igual, para inmediatamente agregar, contundente:
—Eso no me asusta. No me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es mi situación. Posiblemente en otro momento…Ahora hay que trabajar el triple. Eso es lo que hay. Sacar lo mío adelante.
—A lo mejor su hermano quisiera contarme, ¿me da su número de teléfono?
—No. Eso no va a poder ser. A él tampoco le interesa remover nada.
Esto es lo que hay con muchos españoles aún. No quieren meterse en líos. Quieren olvidar. ¡Como si eso se pudiera hacer voluntariamente!
En Madrid otro hombre al que llamaré Domingo, cuando lo conocí, de forma espontánea me comentó una experiencia similar. Su padre, denunciado por uno de sus familiares, fue detenido y asesinado, como en muchos de los casos reseñados en el reciente libro sobre la represión franquista publicado por la Asociación de la Memoria Histórica de Guadalajara, que acaba de ver la luz en días recientes. Aquello obligó a que su madre se marchara a Francia. Su preocupación, tal como la externó cuando me mostró la detallada lista de casos aparecida en esa publicación, es lo que va a suceder como resultado de esa iniciativa, pues muchos de quienes realizaron las denuncias -como en el caso de su familia-, y quienes se quedaron también con los bienes de las víctimas, eran familiares.
—¿Qué se va a hacer con eso ahora? Porque tendrán que devolver todo lo que le quitaron a los que murieron, ¿no? ¿Cómo van a verse las caras unos y otros a partir de ahora? ¡Si son familia!
Este hombre, informado y relacionado con el mundo editorial, también se muestra reacio a compartir sus vivencias y prefiere continuar guardando silencio, aunque ello poco honre a su padre asesinado por los falangistas. Pero él, como la mujer con la cual me topé, forma parte de una generación que fue educada a través del terror y la represión para bajar la cabeza y colocarse un antifaz para no reconocer el horror y la ignominia que despojó a los suyos de una vida digna, por miedo a perder su pequeña isla de privilegios mínimos y una pensión que les asegure atención médica gratuita y poder pagar un féretro, ellos sí, en alguno de los cementerios de su localidad.
Pero, como los cuerpos de los ahogados, los cuerpos de los desaparecidos españoles terminarán por salir a la superficie, pues -como ocurrió en Elsinor- muchos españoles conscientes reconocen hoy que hay algo podrido en España, como Hamlet lo advirtió en Dinamarca cuando le habló el espectro de su padre.
Por fortuna cada día son más los grupos que no se amilanan y luchan en este momento porque haya justicia, verdad y restitución para las víctimas del franquismo y para la sociedad española a la que le fue amputada parte de su historia y de su memoria.
Esta es una tarea que no admite dilación. España sólo podrá tener un futuro abierto si sus ciudadanos son capaces de asumir y evaluar con conciencia crítica el pasado. Los fantasmas de los desaparecidos y sus cuerpos que se pudren exigen justicia. No habrá futuro posible sin la restitución de los derechos a las víctimas, y una justicia que se asiente en la verdad y la dignidad.
Como señaló una hija de exiliados españoles en una conferencia impartida el año pasado por el filósofo Fernando Savater en el Colegio de México, cuando éste recomendó a los españoles “olvidar” y recomenzar de nuevo pensando en el hoy: “Nosotros, quienes padecimos el exilio, la muerte y la desaparición tanto de nuestros ideales como de nuestras familias, nos negamos a convertirnos en figuras decorativas y en hilachos deslavados condenados a desaparecer del tapiz de la historia de España como resultado de las acciones de un tirano”.
Es necesario rebelarse siempre contra la falsificación de la historia. Es indispensable restituir a las víctimas lo que les fue arrebatado. Y quienes tenemos familiares desaparecidos necesitamos y exigimos saber dónde fueron arrojados para proporcionarles una sepultura digna, construida a la medida de sus ideales traicionados. Que se les haga justicia.